Resumen: Les activistas* dicen que la medida — implementada como parte de una “guerra contra la extorsión” — en realidad equivale a la criminalización de la pobreza.

To read this article in English, originally published at Truthout, click here.

En Tegucigalpa, Honduras, un grupo de activistas se reune regularmente los sábados por la mañana para oponerse a una de las nuevas políticas populares de la presidenta Xiomara Castro: el estado de emergencia que suspende parcialmente varios derechos constitucionales fundamentales. La medida, también conocida como estado de excepción, pretende ser una parte clave de la “guerra contra la extorsión” de Castro, un problema importante y estructural en Honduras. Les activistas antimilitaristas, sin embargo, dicen que no se puede avanzar con más militarización y que el estado de excepción equivale a la criminalización de la pobreza.

Al igual que sus contrapartes abolicionistas en los Estados Unidos, estes activistas antimilitaristas a menudo son atacades en las redes sociales cuando invitan a la gente a sus actividades. Les comentaristas les acusan de apoyar la extorsión o incluso de ser mareres. Criticar al nuevo gobierno conlleva el riesgo de ser tachade de derechista, dijo una miembro del grupo, Sofía (seudónimo), que pidió el anonimato por temor a represalias de la policía. Las medidas son populares, dijo Sofía, a pesar de que “se atropellan los derechos humanos”, porque “la gente quiere venganza”.

“Y es entendible también”, agregó. En Honduras como en los Estados Unidos, la violencia es una respuesta popular para enfrentar la violencia.

Siguiendo los pasos de El Salvador

En enero de 2022, Honduras eligió una nueva presidenta, Xiomara Castro. Castro, cuya campaña fue apoyada por muchos de los movimientos sociales del país, es la primera mujer presidenta del país y la primera en ser elegida por un partido no tradicional (LIBRE). La elección de Castro marcó el fin de la narcodictadura que se impuso después de que su esposo, Mel Zelaya, fuera destituido con fuerza de su cargo en 2009, y representada por Juan Orlando Hernández, quien fue presidente por dos periodos.

El período de 12 años posterior al golpe del 2009 se caracterizó por una mayor militarización, debilitamiento de las instituciones civiles, altos niveles de violencia contra activistas, colusión con los narcotraficantes en los niveles más altos del gobierno y la policía, y el saqueo de fondos públicos. En medio de todo esto, los índices de violencia han sido extraordinariamente altos en Honduras y la gente común, especialmente aquellos que viven en áreas controladas por poderosas pandillas o sindicatos del crimen organizado, se ha visto profundamente afectada.

El control de las pandillas y maras en los vecindarios a veces se extiende hasta el punto de decidir por les residentes dónde pueden y dónde no pueden trabajar (básicamente en lugares controlados por una pandilla rival) y controlan otros comportamientos de la vida diaria. La pena por la desobediencia es a menudo alta y violenta.

Entre los efectos de este nivel de control de las maras están los “impuestos” o “cuotas” que deben pagarse regularmente. Según una encuesta reciente (la extorsión casi nunca se denuncia a la policía), les hondureñes pagan alrededor de US$737 millones en “cuotas” anualmente. Este tipo de extorsión, que afecta en particular a personas que trabajan en el sector del transporte como taxistas, es el principal objetivo por el cual se dio el estado de excepción.

Castro originalmente impuso la medida por 30 días, empezando el 6 de diciembre de 2022, incluyendo a más de 200 barrios y colonias de las dos ciudades más grandes de Honduras. Desde entonces, el estado de excepción ha sido aprobado por el Congreso de Honduras y extendido dos veces (el actual vence el 20 de abril), y ahora incluye 17 de los 18 departamentos del país.

En virtud de la orden, se suspenden seis artículos de la constitución hondureña, lo cuales se refieren a la libertad de circulación, el derecho a la libre asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio. Igualmente, las fuerzas de seguridad pueden realizar arrestos sin órdenes judiciales o procesos judiciales de causa probable, las personas pueden ser detenidas por períodos más prolongados y sus hogares pueden ser allanados y registrados por la policía sin los mismos controles judiciales de un estado de derecho. Poco menos de 20.000 oficiales de múltiples agencias, incluida la Policía Militar (PMOP) creada por el régimen anterior, se han dedicado a este control.

El medio de comunicación independiente hondureño Contra Corriente destacó que el estado de excepción aumentará drásticamente las tasas de detención en un momento en que el sistema penitenciario de Honduras ya está enjaulando a casi el doble de personas para el cual fue construido para albergar.

La idea del estado de excepción sin duda viene del vecino El Salvador, donde desde hace poco menos de un año se renueva un programa similar implementado por el presidente Nayib Bukele, y los hechos son preocupantes. La evidencia sugiere que la vida cotidiana en El Salvador ha mejorado notablemente, incluso dramáticamente, y los residentes se maravillan de las formas en que ahora pueden circular libremente en público sin obstáculos por la violencia, pero estas mejoras tienen un alto costo. Hasta el momento, 64.000 personas han sido encarceladas, según cifras gubernamentales, más del 2 por ciento de la población total del país, y se ha construido una nueva “mega prisión” para albergar a la masiva población encarcelada.

Un informe de Human Rights Watch afirma que al menos 90 personas detenidas han muerto en El Salvador durante el estado de emergencia, pero el gobierno no ha investigado ninguna de estas muertes y abundan los casos de abusos y detenciones de personas inocentes. Les defensores públicos dicen que, en el entorno político y jurídico actual, es casi imposible lograr la liberación de alguien, sin importar su caso o circunstancias.

El modelo salvadoreño es tan popular en Honduras como lo es en El Salvador. “Es normal que la gente se sienta tranquila cuando puede salir de su colonia porque el estado de excepción ha barrido a la gente, pero ¿qué se ha escondido debajo de la alfombra? Lo que no se ve es que gente inocente ha sido detenida, y algunos de ellos no han salido con vida”, dijo la legisladora Claudia Ortiz al medio independiente El Faro, sobre los cambios en El Salvador. “Es impactante saber que tu tranquilidad o la mía se logró a un precio inaceptable”.

Cuestionando la normalización de la violencia

Desde el inicio del estado de excepción en Honduras en diciembre pasado, un grupo autoconvocado de antimilitaristas ha organizado plantones periódicamente en barrios que están afectados por la orden. Su propósito, dijo Sofía, es “visibilizar el carácter clasista del estado de excepción”. Su compañera, Suli Argentina, dijo que también utilizan estos espacios para compartir los testimonios de todas las formas en que las personas han sido afectadas por la militarización, para que la gente vea que, si bien la extorsión daña a la comunidad, la militarización también causa mucho daño.

Estos eventos han tomado diferentes formas, pero todos han sido en un espacio público como una plaza o un parque donde se reúne la gente de la comunidad o donde se puede ver al grupo facilmente. Muchos de los plantones han tenido actividades artísticas colectivas. En el primer evento, que se llevó a cabo el 10 de diciembre del 2022, trabajaron con miembros de la comunidad para pintar mantas, las misma que se utilizan hasta ahora en los plantones.

Una actividad aparentemente simple como pintar una manta colectivamente puede generar un diálogo sobre el militarismo y el patriarcado, dijo la cantautora popular feminista Karla Lara. Por ejemplo, el grupo pintó una manta en honor a Keyla Martínez, una estudiante de enfermería que fue asesinada en la comisaría en febrero de 2021 tras ser detenida por violar un toque de queda decretado por el coronavirus.

Mientras el grupo trabajaba en la manta, intentaban decidir de qué colores pintarla. Lara recordó que una persona sugirió que la manta se pintara de rosa. Otros participantes entablaron un diálogo, preguntando por qué pensaban que el rosa sería efectivo para humillar a la policía, y finalmente llegaron al punto de que el rosa solo “humilla” porque está asociado con la feminidad. En otras palabras, usar rosa para humillar es, en el fondo, una idea misógina.

Otros eventos han incluido presentaciones de música y talleres de grupos como Batucada AntiCistemica (un grupo que afirma la identidad trans que toca los tambores y tiene un juego de palabras con “cisgénero” en su nombre). En otra ocasión, el grupo antimilitarista se instaló en una plaza central con menos tráfico peatonal pero con alto tráfico automovilístico y colgaron las mantas para que pudieran ser vistas por más personas.

Para la gran mayoría, dijeron las activistas, el punto es crear un espacio en los barrios para cuestionar el militarismo como la solución a los problemas que vive la gente. Al mismo tiempo, dijo Sofía, se ejerce mucha cautela en la forma en que se diseñan los eventos debido a la sensibilidad de los temas y el riesgo de ser tachado del Partido Nacional y de la derecha. “Tratamos de hacer actividades lúdicas”, dijo, “para que tampoco provoquen violencia”.

Argentina dice que espera que el grupo pueda ayudar a la gente a ver “por qué la militarización no necesariamente resuelve el problema desde sus raíces, y así para que la gente empiece a entender que no estamos en contra de medidas para garantizar la seguridad de la población, sino mas bien proponemos que se tomen medidas que realmente aseguran la erradicación de este tipo violencia”.

Poner fin a la violencia requerirá mayores cambios en la calidad de vida de todos

Los barrios y las colonias bajo el estado de excepción sufren altísimos índices de pobreza y desempleo. A las personas que están en ellos se les ofrecen fuerzas de seguridad; pero no así atención médica, ni abundante comida saludable, ni arte ni escuela. No solo ha aumentado el tamaño de las fuerzas armadas a lo largo de los años de la dictadura, dijo Sofía, sino que este año también aumentó el presupuesto de seguridad con el nuevo gobierno en detrimento de otros servicios públicos.

Los abolicionistas a menudo han enfrentado pedidos de más policía que hacen las propias comunidades afectadas por el sistema policial. En su libro No More Police, las organizadoras sociales y abolicionistas Andrea Ritchie y Mariame Kaba escriben que entienden estos llamados como “respuestas a lo que se percibe como una amenaza de quitar el único recurso que ofrece el estado para responder a una multitud de problemas”. En cambio, argumentan, la abolición se trata de ofrecer a las comunidades tantos recursos como sea posible, en lugar de la violencia policial igual para todos. El sistema policial es el único recurso que ofrece el estado ante el peligro que experimentan estas comunidades en un contexto de abandono organizado, peligro que es creado y sostenido por la desigualdad y las condiciones sociales.

El mismo estado de excepción “está enfocado en los barrios más pobres… donde la falta de recursos es parte del día en día”, dijo Argentina.

Argentina y otros en el grupo de activistas antimilitaristas enfatizan fuertemente la forma racista y clasista del estado de excepción. Dicen que centrarse solo en los barrios históricamente marginados es clasista, ya que el estado de excepción no afecta a todos por igual, y destacan que la extorsión tampoco se limita a estos barrios y colonias. Además, dijo Lara, limitar la medida a dichos barrios es “instalar la idea de que la pobreza es criminal al implicar que los extorsionistas están en estos barrios”.

Al suspender los requisitos como orden judicial antes de detener, registrar o arrestar a las personas, el único criterio que la policía puede usar es quién les parece “sospechoso”. “Es puro prejuicio”, dijo Sofía. Pero el arresto de jóvenes pobres y de clase trabajadora, dijeron les activistas, también estigmatizará la pobreza ya que sus arrestos conducen a la confirmación de la presunción de su culpabilidad.

Las autoridades hondureñas afirman que no había denuncias de derechos humanos durante el estado de excepción. Las entrevistadas por Truthout confirmaron que tenían conocimiento personal de los abusos policiales, incluyendo la detención de personas inocentes, como resultado del decreto. Una contó la historia de una persona que fue recogida por la policía y dejada en un barrio extraño mientras la amenazaban, en lugar de llevarla a una comisaría.

Las personas con las que habló Truthout no se sorprendieron por la falta de denuncias oficiales. No es razonable, dijo Sofía, esperar que la gente va a la misma comisaría de la misma policía que las ha atacado para presentar una denuncia formal de abuso policial, particularmente dentro de una cultura de gran desconfianza hacia la policía que surge desde la dictadura o incluso de antes.

Estes activistas también dijeron que temen represalias por su trabajo de organización contra el estado de excepción. Si bien no han enfrentado ningún ataque físico por parte de la policía hasta el momento, los miembros del grupo son muy conscientes de que cuando critican el militarismo en Honduras, están provocando a las mismas instituciones poderosas que conservan el poder ilimitado para cometer abusos.

El estado de excepción no ha cambiado fundamentalmente la estructura de violencia, extorsión y narcotráfico en Honduras, según estes activistas, en parte porque la policía y el ejército son una parte importante de dicha estructura. A juicio de Lara, “La cultura abusiva de la policía es la de siempre. Por mucho que digan que estos son los policías del gobierno socialista, que ha habido una depuración, que ha cambiado la dirigencia, al final los policías siguen tan violentos como siempre. Diría aún más. Porque el estado de excepción les da impunidad total”. Además, agrega, todos saben quién controla realmente las drogas en el barrio: la policía.

El expresidente Juan Orlando Hernández enfrenta actualmente un juicio en los Estados Unidos por cargos de utilizar su puesto para facilitar el tráfico de más de 500 toneladas de cocaína. Es un asunto de registro público que su gobierno estaba profundamente enmarañado con el narcotráfico, y se ha establecido, en parte a través de la condena de su hermano, que usó millones de dólares del sistema de salud del país, ahora en crisis, para financiar su campaña de reelección, que fue posible como resultado de un golpe judicial que encabezó. Estos años de corrupción, abandono organizado y la desintegración de la mayoría de las instituciones son una parte importante de la historia de las causas profundas de la violencia en las calles de Honduras.

Aunque el estado de emergencia es popular, este grupo de activistas antimilitaristas no es el único que se opone. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización fundada por la mártir defensora Berta Cáceres, también se ha pronunciado en contra. Su declaración enfatiza que las raíces de la violencia estructural que enfrentan los hondureños no se encuentran en los barrios precarios enumerados en el estado de excepción sino en las instituciones financieras, entre otros actores de élite, y entre las fuerzas de seguridad.

Puede que no haya mejor evidencia de que la estructura subyacente de violencia en Honduras sigue sin ser controlada por el estado de excepción —”que la militarización no sirve para mejorar las condiciones de vida de las personas”, como dijo Argentina— como lo evidencia la racha de asesinatos contra defensores de derechos humanos y de la tierra durante el período de emergencia. Desde fines de diciembre del 2022, asesinaron al menos ocho personas involucradas en movimientos sociales. Además, tres mujeres garífunas fueron asesinadas en enero en Puerto Cortés, zona que se encuentra bajo estado de excepción.

A les hondureños, al igual que para las personas en los EE. UU. y en muchas otras partes del mundo, se les vende un tipo específico de seguridad. Esta seguridad se puede comprar rápidamente poniendo a miles de policías y militares más en las calles, pero requiere aumentar no disminuir el nivel general de violencia, en la medida que la definición de violencia incluya el abuso policial, las redadas y el encarcelamiento.

Kaba y Ritchie escribieron que los abolicionistas deben “confrontar las historias que nos cuentan sobre el sistema policial y la seguridad que no cuadran”, incluida la forma en que “la policía coloniza nuestra imaginación”. Lara menciona, también, que “aprendimos en las series de televisión que la policía hace cosas importantes. Vemos en ‘Chicago Fire’ que además de eso son guapos”. Esto tiene que cambiar, dijo. Pero el trabajo de crear alternativas al sistema policial es lento y no tan fácil de explicar.

Constantemente se vende a la gente soluciones militarizadas y violentas al “crimen”, a través del aumento de las fuerzas policiales y de seguridad en las calles, a través de los programas de televisión y a través de los discursos de los políticos. Muy poco se representan las alternativas complejas, locales, multifacéticas y de cambio de sistema.

“Lo feo [de esta militarización] es que la gente cree que está bien que hagan eso, y que te llevan a creer que está bien eso”, dijo Lara.

Por eso es tan crítico, dicen estes activistas, crear un espacio público para cuestionar la militarización. “Como parte de la comunidad de diversidad sexual y como mujer, tengo muy claro personalmente, que no confío en la policía”. Haciéndose eco de una consigna del movimiento, agregó que la policía “no nos cuida, nos asesina”. Sin embargo, Argentina dijo: “Vamos a seguir luchando por una apuesta por la vida”.

---

Utilizando un lenguaje inclusivo, he optado por el uso de “e” para eludir las palabras en femenino o masculino.