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Mientras
mueren lxs defensorxs de los bosques hondureños, en Nueva York se abre el
juicio de narcotráfico para el hermano del presidente del país, Juan Antonio
Hernández.
Por: Meghan Krausch
“Nos están matando uno a uno nuestros líderes” dijo el
mensaje de texto reenviado. El mensaje venía de alguien de la comunidad
indígena Tolupán de El Portillo, en la zona rural de Honduras.
La semana anterior, yo había propuesto un artículo
sobre nueve personas indígenas en Honduras—Alisson Pineda, Wendy Pineda, José María Pineda,
Ángela Murillo, Celso Cabrera, Óscar Cabrera, Óscar Vieda, Sergio Ávila, and
Ramón Matute, quienes se enfrentan cargos
penales por defender su territorio ancestral.
Antes de que
pudiera terminar de escribir el ensayo, otro miembro de la familia había sido
asesinado.
El 27 de
septiembre de 2019, Milgen Idán Soto Ávila fue encontrado asesinado
en el mismo lugar donde INMARE, una empresa maderera privada que actualmente
está procesando a sus familiares por protestar contra la tala, trabajaba.
Milgen era un joven platicador e inquisitivo de
veintinueve años, tenía una presencia constante en el Campamento Digno en
Defensa del Territorio Ancestral, establecido por miembrxs de la comunidad que
trabajan con el Movimiento Amplio por la Dignidad y
Justicia (o MADJ). El objetivo del campamento es parar la tala de la
empresa en el bosque de pinos que ha pertenecido a la tribu Tolupán desde que fueron
reasentados en esta área, San Francisco de Locomapa, en el departamento de
Yoro, en 1864.
Recuerdo bien a Milgen Soto, no solo porque tuvimos
una larga conversación, sino también porque cada vez que estoy en Honduras miro
con atención a todxs y me preocupo por quién podría estar ausente la próxima
vez que regrese. Milgen era un compañero comprometido con grandes ideas sobre
cómo crear una sociedad mejor, y compartimos una animada conversación sobre la
política global y las contradicciones de sus experiencias en la pobreza extrema
a pesar de su derecho histórico a la tierra.
En mayo, escribí
sobre Ramón Matute y la ceremonia de levantamiento de los espíritus de su
hermano y su padre, asesinados a principios de este año. Poco después de la
publicación de este artículo, Ramón y otros ocho miembrxs de la comunidad
fueron arrestados y ahora enfrentan
cargos penales. ¿Su crimen? “Obstaculazición del plan de manejo
forestal.”
A nivel
internacional, más de 100 organizaciones firmaron una carta
de solidaridad con los defensores de la tierra “condenando la
criminalización de las acciones legítimas de protesta”. Aunque Milgen no
fue arrestado, fue denunciado
formalmente por la empresa maderera.
El 29 de septiembre, antes de haber asimilado
completamente la realidad de la muerte de Milgen, recibí noticias del asesinato
de otro líder Tolupán. Según los informes, individuos desconocidos le dispararon a Adolfo
Redondo. Al principio, esta información fue difícil de confirmar porque, como
lo expresó el mensaje de texto de El Portillo, “estamos incomunicados. No hay
energía en la zona, no hay Internet”.
Milgen fue la tercera persona asesinada en la misma
pequeña comunidad contando sólo este año, y la novena asesinada en el conflicto
por la tala desde 2013. Sin embargo, el estado hondureño no ha ofrecido las
protecciones requeridas por el derecho internacional, ni tampoco ha seguido
procedimientos judiciales penales básicos.
Salomón y Samael Matute fueron asesinados en febrero, pero “no hay ningún avance sustancial en la investigación”, dice Mario Iraheta, representante de las y los Tolupánes en el proceso de medidas cautelares y miembro del equipo legal de MADJ. “Los autores materiales [del crimen] siguen libres en la zona, sin una orden de aprehensión”.
En cambio, los recursos del gobierno se están
utilizando para criminalizar a los propios defensores de la tierra, que son
todos beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
Si bien es
un tema muy mediático, Brasil no es el único país donde los bosques están en
llamas. En una visita a San Francisco de Locomapa en abril, el humo de los incendios
forestales fue tan grave, que todo un grupo de observadores internacionales del
Colectivo de Solidaridad de Acción Permanente por la Paz, incluyéndome, se
sintieron enfermos después de una sola tarde allí.
No está
claro exactamente quién está prendiendo los incendios, que siempre parecen
estar furiosos, pero la salud del bosque y de las y los Tolupánes está
sufriendo. Los miembros de la comunidad dicen que sufren de una variedad de enfermedades
respiratorias.
Una comunicación de 30 de septiembre lanzado por MADJ preguntaba:
“¿Quiénes son los asesinos del pueblo Tolupán?”
“Invitamos a la población hondureña organizada y no organizada
a identificar los actores intelectuales de la dictadura, de la violencia, de la
desigualdad, del empobrecimiento, de quienes despojan y asesinan,” dice la
comunicación. “Y a superar la clásica pregunta que busca ubicar a los autores
materiales y a transformarla en ¿quién o quiénes ordenaron y consintieron sus
asesinatos?”
Los cargos
contra los miembros del Movimiento no son un caso aislado. Los defensores del
medio ambiente de Guapinol han estado detenidos en prisión
preventiva durante un mes debido a su
oposición a un proyecto
minero.
“Los
procesos judiciales, junto con la represión activa por parte de las fuerzas de
seguridad del gobierno revelan el compromiso de proteger los intereses corporativos
en vez de los derechos humanos en Honduras”, dicen en una entrevista por
correo electrónico Corie Welch y Alejandra Rincón, las coordinadoras del
Programa de Honduras del Colectivo de Solidaridad de Acción Permanente por la
Paz. “Bajo el régimen que llegó al poder en 2009, hemos visto una
colaboración entre las élites poderosas y el gobierno de Honduras, ampliando
las concesiones para la extracción y utilizando la policía y el ejército para
hacer cumplir la construcción de estos proyectos”.
La ironía es
indiscutible. Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan
Orlando Hernández, se enfrenta a un juicio en el Tribunal de Distrito Federal
de Manhattan, acusado por el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de narcotráfico, lavado de
dinero y la coordinación de asesinato. El juicio comienza el 2 de octubre y el
presidente Hernández es identificado como “co
conspirador 4” junto con el ex presidente hondureño Porfirio
“Pepe” Lobo.
Ambos, los
dos únicos presidentes que han realizado campañas desde el golpe de estado de
2009 en Honduras, se ha alegado en documentos judiciales haber
utilizado fondos de narcotráfico para sus campañas, aunque ninguno de los dos
ha sido acusado en Estados Unidos.
Honduras no
es simplemente un “estado
fallido“; está activamente deformado por intereses
empresariales e internacionales. El propio gobierno, enjuiciado por corrupción
y narcotráfico, está lanzando cargos criminales contra algunos de sus más precarios
ciudadanos por protestar en defensa de su propio bosque. Mientras tanto, los
Estados Unidos mantiene una relación fuerte con la
administración hondureña.
Los hondureños se movilizan dentro de Honduras. Pero la realidad del imperialismo en Centroamérica significa que el problema de los hondureños sea global. Cambiar la realidad política en su país requerirá un fuerte movimiento de solidaridad en los Estados Unidos. Mientras el gobierno de los Estados Unidos y otros regímenes internacionales otorguen legitimidad a Juan Orlando Hernández, puede permanecer en el poder. El caso criminal actual de su hermano es una prueba de esa legitimidad.
José María, un compañero mayor de la comunidad de San Francisco de Locomapa, tiene un dicho favorito: “La sangre de los mártires es la semilla de la libertad”.