“Nos Están Matando Uno a Uno Nuestro Líderes”

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Mientras mueren lxs defensorxs de los bosques hondureños, en Nueva York se abre el juicio de narcotráfico para el hermano del presidente del país, Juan Antonio Hernández.

Por: Meghan Krausch

“Nos están matando uno a uno nuestros líderes” dijo el mensaje de texto reenviado. El mensaje venía de alguien de la comunidad indígena Tolupán de El Portillo, en la zona rural de Honduras.

La semana anterior, yo había propuesto un artículo sobre nueve personas indígenas en HondurasAlisson Pineda, Wendy Pineda, José María Pineda, Ángela Murillo, Celso Cabrera, Óscar Cabrera, Óscar Vieda, Sergio Ávila, and Ramón Matute, quienes se enfrentan cargos penales por defender su territorio ancestral.

Antes de que pudiera terminar de escribir el ensayo, otro miembro de la familia había sido asesinado.

El 27 de septiembre de 2019, Milgen Idán Soto Ávila fue encontrado asesinado en el mismo lugar donde INMARE, una empresa maderera privada que actualmente está procesando a sus familiares por protestar contra la tala, trabajaba.

Milgen era un joven platicador e inquisitivo de veintinueve años, tenía una presencia constante en el Campamento Digno en Defensa del Territorio Ancestral, establecido por miembrxs de la comunidad que trabajan con el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (o MADJ). El objetivo del campamento es parar la tala de la empresa en el bosque de pinos que ha pertenecido a la tribu Tolupán desde que fueron reasentados en esta área, San Francisco de Locomapa, en el departamento de Yoro, en 1864.

Recuerdo bien a Milgen Soto, no solo porque tuvimos una larga conversación, sino también porque cada vez que estoy en Honduras miro con atención a todxs y me preocupo por quién podría estar ausente la próxima vez que regrese. Milgen era un compañero comprometido con grandes ideas sobre cómo crear una sociedad mejor, y compartimos una animada conversación sobre la política global y las contradicciones de sus experiencias en la pobreza extrema a pesar de su derecho histórico a la tierra.

En mayo, escribí sobre Ramón Matute y la ceremonia de levantamiento de los espíritus de su hermano y su padre, asesinados a principios de este año. Poco después de la publicación de este artículo, Ramón y otros ocho miembrxs de la comunidad fueron arrestados y ahora enfrentan cargos penales. ¿Su crimen? “Obstaculazición del plan de manejo forestal.”

A nivel internacional, más de 100 organizaciones firmaron una carta de solidaridad con los defensores de la tierra “condenando la criminalización de las acciones legítimas de protesta”. Aunque Milgen no fue arrestado, fue denunciado formalmente por la empresa maderera.

El 29 de septiembre, antes de haber asimilado completamente la realidad de la muerte de Milgen, recibí noticias del asesinato de otro líder Tolupán. Según los informes, individuos desconocidos le dispararon a Adolfo Redondo. Al principio, esta información fue difícil de confirmar porque, como lo expresó el mensaje de texto de El Portillo, “estamos incomunicados. No hay energía en la zona, no hay Internet”.

Milgen fue la tercera persona asesinada en la misma pequeña comunidad contando sólo este año, y la novena asesinada en el conflicto por la tala desde 2013. Sin embargo, el estado hondureño no ha ofrecido las protecciones requeridas por el derecho internacional, ni tampoco ha seguido procedimientos judiciales penales básicos.

Salomón y Samael Matute fueron asesinados en febrero, pero “no hay ningún avance sustancial en la investigación”, dice Mario Iraheta, representante de las y los Tolupánes en el proceso de medidas cautelares y miembro del equipo legal de MADJ. “Los autores materiales [del crimen] siguen libres en la zona, sin una orden de aprehensión”.

En cambio, los recursos del gobierno se están utilizando para criminalizar a los propios defensores de la tierra, que son todos beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Si bien es un tema muy mediático, Brasil no es el único país donde los bosques están en llamas. En una visita a San Francisco de Locomapa en abril, el humo de los incendios forestales fue tan grave, que todo un grupo de observadores internacionales del Colectivo de Solidaridad de Acción Permanente por la Paz, incluyéndome, se sintieron enfermos después de una sola tarde allí.

No está claro exactamente quién está prendiendo los incendios, que siempre parecen estar furiosos, pero la salud del bosque y de las y los Tolupánes está sufriendo. Los miembros de la comunidad dicen que sufren de una variedad de enfermedades respiratorias.

Una comunicación de 30 de septiembre lanzado por MADJ preguntaba: “¿Quiénes son los asesinos del pueblo Tolupán?”

“Invitamos a la población hondureña organizada y no organizada a identificar los actores intelectuales de la dictadura, de la violencia, de la desigualdad, del empobrecimiento, de quienes despojan y asesinan,” dice la comunicación. “Y a superar la clásica pregunta que busca ubicar a los autores materiales y a transformarla en ¿quién o quiénes ordenaron y consintieron sus asesinatos?” 

Los cargos contra los miembros del Movimiento no son un caso aislado. Los defensores del medio ambiente de Guapinol han estado detenidos en prisión preventiva durante un mes debido a su oposición a un proyecto minero.

“Los procesos judiciales, junto con la represión activa por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno revelan el compromiso de proteger los intereses corporativos en vez de los derechos humanos en Honduras”, dicen en una entrevista por correo electrónico Corie Welch y Alejandra Rincón, las coordinadoras del Programa de Honduras del Colectivo de Solidaridad de Acción Permanente por la Paz. “Bajo el régimen que llegó al poder en 2009, hemos visto una colaboración entre las élites poderosas y el gobierno de Honduras, ampliando las concesiones para la extracción y utilizando la policía y el ejército para hacer cumplir la construcción de estos proyectos”.

La ironía es indiscutible. Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, se enfrenta a un juicio en el Tribunal de Distrito Federal de Manhattan, acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y la coordinación de asesinato. El juicio comienza el 2 de octubre y el presidente Hernández es identificado como “co conspirador 4” junto con el ex presidente hondureño Porfirio “Pepe” Lobo.

Ambos, los dos únicos presidentes que han realizado campañas desde el golpe de estado de 2009 en Honduras, se ha alegado en documentos judiciales haber utilizado fondos de narcotráfico para sus campañas, aunque ninguno de los dos ha sido acusado en Estados Unidos.

Honduras no es simplemente un “estado fallido“; está activamente deformado por intereses empresariales e internacionales. El propio gobierno, enjuiciado por corrupción y narcotráfico, está lanzando cargos criminales contra algunos de sus más precarios ciudadanos por protestar en defensa de su propio bosque. Mientras tanto, los Estados Unidos mantiene una relación fuerte con la administración hondureña.

Los hondureños se movilizan dentro de Honduras. Pero la realidad del imperialismo en Centroamérica significa que el problema de los hondureños sea global. Cambiar la realidad política en su país requerirá un fuerte movimiento de solidaridad en los Estados Unidos. Mientras el gobierno de los Estados Unidos y otros regímenes internacionales otorguen legitimidad a Juan Orlando Hernández, puede permanecer en el poder. El caso criminal actual de su hermano es una prueba de esa legitimidad.

José María, un compañero mayor de la comunidad de San Francisco de Locomapa, tiene un dicho favorito: “La sangre de los mártires es la semilla de la libertad”.

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